El Gobierno de Mendoza está listo para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil

El proyecto de ley, que fue votado en el Congreso y debe implementarse a partir de septiembre de este año, incorpora nuevas herramientas para fortalecer el proceso de adecuación normativa e institucional "que la Provincia viene desarrollando desde hace meses", acotaron.

Además, uno de los puntos importantes de la normativa es que se bajó la edad de imputabilidad, de los 16 a los 14 años. Es decir, con el nuevo régimen los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados, procesados y condenados a una pena de prisión.

En el caso de Mendoza, se conformó una mesa técnica interdisciplinaria que ya cuenta con un borrador del proyecto de ley provincial, el cual será presentado próximamente. “Mendoza es la primera provincia del país en estar en condiciones de firmar este convenio con la Nación. Venimos trabajando desde hace tiempo en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y este acuerdo nos da más herramientas para seguir fortaleciendo ese proceso”, destacó Rus.

El convenio establece acciones conjuntas entre la Nación y la Provincia mediante asistencia técnica, intercambio de información, desarrollo de proyectos de cooperación y actividades de capacitación para los operadores que intervienen en el sistema.

Uno de los principales avances será la disponibilidad recíproca de supervisores especializados, figura creada por la Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil y encargada del seguimiento, asistencia y control de adolescentes sometidos a medidas o penas.

A partir del acuerdo, Mendoza podrá contar con supervisores de la Nación cuando las necesidades del sistema así lo requieran. Del mismo modo, los profesionales de la provincia podrán desempeñarse en causas de competencia federal.

“Este convenio incorpora herramientas concretas para la implementación del régimen. No solo contempla instancias de capacitación y asistencia técnica, sino también la posibilidad de disponer de supervisores especializados de manera recíproca entre la Provincia y la Nación, además de acceder al software desarrollado para la gestión de estos casos”, agregó Rus.

“La implementación de este régimen requiere equipos preparados y criterios comunes para intervenir en situaciones complejas. Por eso, las capacitaciones que se desarrollen a través del IPAP tendrán certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes las realicen. Es una forma de reconocer la formación de los operadores y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema cuente con profesionales cada vez mejor preparados para acompañar, supervisar y dar seguimiento a cada caso”, sostuvo García Zalazar.