Cadena de ilegalidades: la privatización de las represas hidroeléctricas y los Neuss bajo denuncia

En medio de la polémica por las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el siguiente alrededor de u$s 2300 millones, en Neuquén, la Fundación Soberanía amplió la denuncia por la que pide que se investigue y, en caso de que corresponda, se anule la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”.

Fuentes del propio gobierno aseguran, por lo bajo, que existe un trasfondo político que deja liberados estos menesteres a un sector interno que esquiva a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "No entiende de cuestiones técnicas como son las licitaciones", dejan correr, con malicia.

Entre las firmas beneficiadas por la privatización que se solicita que sean citadas, se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Según el escrito, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”. La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.

En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

El documento cierra aludiendo a las empresas beneficiadas, remarcando que se repiten lo que termina conformando un patrón de conducta. “Alicurá y Cerros Colorados: adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., grupo liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados como personas con "vínculos de amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo. El Chocón--Arroyito: adjudicada a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., la misma empresa que se benefició de la subvaluación de las centrales térmicas. Sus principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens--Bemberg y Eduardo Escassany”.

Es por eso que la Fundación Soberanía solicitó que citen a los empresarios mencionado y que anulen las privatizaciones.