Menos intervención estatal, mayor competencia entre administradoras y nuevas opciones para suscriptores.
El Poder Ejecutivo trabaja en una iniciativa destinada a transformar el funcionamiento de los planes de ahorro automotor en todo el país.
Dentro de los cambios en estudio, se contempla reducir el grado de intervención de los organismos de control. La idea es que las empresas administradoras dispongan de mayor margen para diseñar sus planes, establecer condiciones contractuales y proponer alternativas financieras más variadas.
Ajustes en el sistema para hacerlo más flexible
Uno de los objetivos centrales es estimular la competencia entre las distintas marcas y operadores del mercado. Con menos restricciones, las compañías podrían ofrecer esquemas más adaptados a la realidad económica, tanto en plazos como en modalidades de contratación.
En ese marco, se analiza modificar el criterio con el que se actualizan las cuotas. Actualmente, el valor mensual depende directamente del precio del vehículo, lo que genera incrementos automáticos. La reforma evalúa introducir mecanismos de ajuste más amplios, que contemplen otros indicadores y no solo el valor de lista.
También se proyectan cambios en los procesos de adjudicación. La flexibilización de licitaciones y sorteos buscaría acelerar la asignación de unidades y reducir los tiempos de espera, una de las principales quejas de los usuarios.
Otro punto relevante es la posibilidad de facilitar la salida de los planes. El esquema en análisis propone condiciones menos restrictivas para quienes decidan cancelar o abandonar el contrato antes de tiempo, con penalizaciones más acotadas y mayor claridad en la devolución de fondos.
El borrador contempla una cláusula que protege a los actuales suscriptores. Los contratos ya firmados continuarán bajo las condiciones originales, mientras que las nuevas disposiciones solo regirían para los planes que se comercialicen una vez aprobada la normativa.
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