El proyecto minero San Jorge dio un paso decisivo hacia su reactivación tras obtener en la Cámara de Diputados la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La votación llegó en medio de cuestionamientos de grupos ambientalistas, un escenario que llevó a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, a responder a las críticas.
Latorre ubicó este avance dentro de una agenda más amplia que el Gobierno impulsa para el sector, y que se tradujo en la aprobación de otros tres proyectos ayer en Diputados: la tramitación de la DIA de exploración de Malargüe II, la ley de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental.
La funcionaria reconoció que la actividad aún arrastra un fuerte rechazo social, una "mala fama" asociada a fallas históricas en la producción y el control. Señaló que, ante ese contexto, la Provincia decidió "ordenar la casa" antes de revaluar proyectos: se reformó el Código de Procedimiento Minero para aumentar sanciones, se crearon Unidades de Gestión Ambiental con participación ciudadana y se montó un Centro de Monitoreo en Tiempo Real para seguir operaciones de manera continua.
Sobre los puntos que generaron más controversia técnica, Latorre se concentró en dos ejes. El primero: los residuos mineros y el riesgo de filtraciones.
1- Residuos Sólidos y Filtraciones: sobre el riesgo de contaminación de napas por los denominados "diques de cola", Latorre aclaró que se trata de "depósitos de residuos" compuestos en un 70% por material sólido. Para evitar filtraciones, se exigen medidas de máxima protección, incluyendo:
-Un sistema de drenaje permanente debajo del depósito.
-Una geomembrana de impermeabilización artificial.
-Sensores con monitoreo constante en tiempo real.
2- Conexión con el Río Mendoza: Latorre dijo que no existen estudios concluyentes (ni en Mendoza ni en el resto de Argentina) que demuestren fehacientemente si hay conectividad entre los acuíferos. Pese a esta incertidumbre técnica, afirmó que los recaudos de prevención exigidos hoy son los de "máxima", como si la conectividad ya estuviera acreditada, priorizando la cautela ambiental.
3- Respecto a la denuncia sobre la liberación de partículas de arsénico por el uso de explosivos (voladuras), la ministra tildó estas afirmaciones, hechas en la Audiencia Pública, de carentes de "rigor científico" y basadas en analogías con proyectos de distinta composición geológica en otros países.
4- Judicialización y "licencia social". Consultada sobre posibles acciones legales de ambientalistas, Latorre rechazó las críticas que sostienen que la DIA tiene "condicionalidades" o difiere obligaciones esenciales. Explicó que las instrucciones para cumplimiento posterior solo aplican a tareas que por la etapa del proyecto (pre-factibilidad) aún no corresponden, como, por ejemplo, estudios detallados de un tajo que todavía no se ha abierto.
