El Gobierno propone avanzar con una reforma laboral que contempla la derogación del Estatuto del Periodista, norma vigente desde 1946.y del régimen para empleados administrativos de empresas periodísticas, junto con una decena de normas que quedarían sin efecto.
Dentro de ese conjunto aparece la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista, sancionada en diciembre de 1946 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que fija las condiciones laborales para quienes trabajan en empresas de comunicación.
Entre sus puntos más relevantes, la norma contempla protección de la libertad de prensa, limita los despidos sin causa, establece indemnizaciones ante incumplimientos y asegura el derecho a no revelar fuentes de información. También fija un máximo de 36 horas semanales, garantiza descansos adecuados y otorga quince días hábiles de vacaciones como mínimo. Además, determina los cargos alcanzados como director, subdirector, jefe de redacción, editor, cronista, reportero, traductor o reportero gráfico y define como colaborador permanente a quien realice un mínimo de 24 colaboraciones anuales retribuidas, incluso sin firma.
La iniciativa plantea eliminar la Ley 12.908 y todas sus modificatorias, lo que implicaría que los trabajadores de prensa pasen a regirse exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo, como cualquier otro trabajador.
Cambios si se deroga el Estatuto: El Estatuto actual define categorías, escalafones, condiciones laborales y un régimen propio de indemnizaciones. Además, reconoce al periodismo como una actividad con función social y establece protecciones específicas.
Con la derogación propuesta:
• Los periodistas quedarían regidos por la normativa general del trabajo.
• Desaparecerían las categorías y escalafones especiales.
• Se unificaría el régimen de indemnizaciones y estabilidad laboral.
• Las empresas tendrían un marco más homogéneo para contratar y organizar equipos.
Lo positivo de la medida: Una parte del sector sostiene que la derogación puede significar una equiparación con el resto de los trabajadores, sin regímenes especiales que a veces generan tensiones entre empresas y redactores, especialmente en medios pequeños o en crecimiento. Con esta reforma se estaría, simplificando las relaciones laborales, evitando desigualdad entre trabajadores de distintos rubros y modernizando una normativa creada hace casi 80 años, en un contexto totalmente distinto al actual.
También señalan que muchos aspectos ya se cubren por convenios colectivos y que el Estatuto, en algunos casos, no responde a las nuevas formas de trabajo en comunicación digital.
Lo negativo expuesto por otros sectores : advierten que la eliminación del régimen especial implicaría perder protecciones históricas pensadas para resguardar la libertad de expresión, la estabilidad laboral y el rol social del periodismo. Sostienen que:
• Se facilite la precarización.
• Se diluyan derechos específicos construidos durante décadas.
• Se debilite la figura del periodista profesional frente a modelos más flexibles de contratación.
La discusión se da en un momento donde el periodismo atraviesa cambios profundos: plataformas digitales, nuevos modelos de negocio y redacciones cada vez más chicas. La pregunta es si la solución pasa por eliminar un estatuto histórico o por actualizarlo a las dinámicas actuales.
La derogación, de aprobarse, marcaría un giro importante: convertir al periodista en un trabajador más del sistema general, sin un marco profesional propio. Para algunos, es un paso hacia la modernización laboral. Para otros, un riesgo para la calidad del periodismo argentino.
El debate recién empieza.
