Precisamente, fue la senadora Mercedes Derrache, la que argumentó su voto a favor el martes pasado, advirtió sobre la necesidad de que la Legislatura pueda mantener un control sustantivo hacia las actividades extractivas, como la minería, más allá del poder de policía que deberá tener el Poder Ejecutivo como principal controlador, y por el cual el gobernador Alfredo Cornejo pidió a la ciudadanía un voto de confianza, sobre todo para aquellos que dudan.
De hecho, la senadora santarrosina tomó un proyecto de ley que había presentado anteriormente su par Gerardo Vaquer -que votó en contra del proyecto- para crear una Comisión Bicameral permanente "de seguimiento de actividades extractivas", una estructura legislativa que busca reforzar los mecanismos de control ambiental sobre la actividad minera y, según señalan en su entorno, tendrá especial atención sobre el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata.
El texto plantea un nuevo esquema de contralor dentro de la Legislatura, en un contexto donde el Gobierno provincial impulsa la reactivación de la minería metalífera y avanza con permisos y Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos principalmente en el sur provincial, con Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).
Para Derrache, quien adelantó la presentación el martes en la sesión, este escenario “requiere controles institucionales más sólidos, permanentes y transparentes”, especialmente sobre “emprendimientos de alto impacto social y ambiental”.
Esta Bicameral se constituiría como un espacio de seguimiento de las políticas públicas extractivas del Poder Ejecutivo, con funciones que van desde la evaluación del cumplimiento de la legislación vigente hasta el análisis sistemático de todos los proyectos extractivos que se desarrollen en Mendoza.
Entre sus objetivos, la comisión deberá:
Evaluar el cumplimiento de la legislación provincial y nacional vigente en materia de actividades extractivas.
Realizar un seguimiento de los proyectos extractivos que se ejecuten en la Provincia de Mendoza.
Recibir y analizar los informes, elaborados por la Autoridad Ambiental Minera y el Ministerio de Energía o el organismo que en el futuro lo reemplace en relación con el estado del ambiente en la provincia y, en particular, en lo que se refiere a las actividades extractivas no renovables.
En tanto, entre las facultades y atribuciones de la Comisión Bicameral, podrá, entre otros, solicitar pedidos de informes, realizar visitas in situ a las minas y requerir la participación en las comisiones de parte de funcionarios y también científicos y expertos.
Las herramientas de control son las siguientes:
Requerir informes y documentación a cualquier organismo del Poder Ejecutivo Provincial, entes descentralizados y empresas públicas que pretendan desarrollar actividades extractivas en el ámbito provincial.
Invitar a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil, para que brinden información sobre cuestiones ambientales vinculadas con la actividad extractiva.
Realizar visitas a lugares donde se desarrollen actividades extractivas, con la debida notificación a las autoridades competentes.
Solicitar la opinión de expertos y técnicos en materia ambiental, geología, minería, hidrocarburos con fines consultivos.
Podrá emitir recomendaciones sobre el desarrollo de las actividades extractivas en la Provincia de Mendoza para ser elevados al Poder Ejecutivo Provincial.
Colaborar en los procesos de participación ciudadana en la gestión y control ambiental.
Promover la capacitación y concientización en materia ambiental.
Fomentar la coordinación entre los distintos organismos provinciales y municipales con competencia ambiental.
Control opositor
Entre los aspectos destacados del proyecto es que la Bicameral tendrá un diseño pensado para equilibrar fuerzas políticas y prevé la integración por "un legislador por cada bloque con representación parlamentaria", con mandatos de dos años.
Pero además, la presidencia, que alternará entre un senador y un diputado y durará un año, siempre deberá "ser ejercida por un legislador de la oposición", mientras que la Vicepresidencia quedará para la Cámara no representada en ese cargo. Ese mecanismo, según explican desde el PJ, busca evitar que el oficialismo “controle su propio control” en materia minera.
La comisión también deberá redactar su propio reglamento interno y se reunirá según lo determine ese documento, adoptando decisiones por simple mayoría.
